Siendo Latinoamérica la región que en nuestro continente ha resultado más severamente afectada por los vaivenes de su propia historia, no es temerario afirmar que tan solo es uno el mecanismo que de manera asertiva ha logrado reivindicar las demandas de miles de personas que han visto socavados sus derechos, lo mismo a manos de militares golpistas que por cuenta de autoridades democráticamente electas.
Ya
sea por su intransigencia o su falta de voluntad, los países al sur del Río Bravo
han dejado al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la responsabilidad
nada sencilla, de escuchar el clamor de justicia que resuena y cada vez con más
fuerza, desde México hasta Argentina sin que las autoridades nacionales parezcan
interesadas en atender oportunamente las arteras violaciones a los derechos
esenciales del hombre cometidas dentro de sus fronteras.
Con
semejante tarea en sus manos, la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, ha dado muestra tangible de estar a la altura de las circunstancias
que le impone nuestro contexto naif, no
sólo porque en sus entrañas se gestan recomendaciones que antaño lograban sonrojar
a los estados latinoamericanos y sus gobiernos, sino porque en los hechos, es
ella la que tiene el poder de llevar un caso de violación de derechos humanos
hasta la máxima instancia continental: la Corte Interamericana, ubicada en
Costa Rica la que, a diferencia de su antesala en Washington, tiene la
autoridad suficiente para condenar a un Estado y además, supervisar el
cumplimiento de sus sentencias.
Es
precisamente este poder, el que incomoda a muchos gobiernos de la región,
quienes en los últimos años han sido señalados por el sistema interamericano
por negligencia y abuso de poder, tal como lo evidencian las sentencias
proferidas contra Colombia, Guatemala, México, Perú, Chile, Argentina o República
Dominicana de quienes irónicamente depende el sustento y futuro de la Comisión.
Quizá
recordando la airada frase de José López Portillo[1] a la
prensa chayotera[2]
de los 70, los países que contribuyen con sus cuotas al sostenimiento de la OEA
y su órganos, decidieron no seguir pagando para que les peguen y en
consecuencia, apostar al deterioro de su función o cuando menos, al
debilitamiento de James Cavallaro, su presidente.
Y
es que es inútil negar que la autoridad y presencia de la Organización de Estados
Americanos en la realidad panamericana ha experimentado desde finales del siglo
XX un deterioro significativo, no sólo por la influencia avasallante que desde
siempre han ejercido los Estados Unidos sobre el organismo hemisférico, sino
por lo polarizante que resulta la figura de su secretario general, Luis Almagro,
a lo que se suma la presencia de nuevos mecanismos regionales como el ALBA o la
CELAC que en los hechos son los sindicatos latinoamericanos del continente .
Sin
embargo y fuera de toda otra consideración, debe reconocerse el trabajo
impecable y comprometido de la CIDH a favor de muchos ciudadanos que, sin haber
sido tenidos en cuenta por la justicia de sus países, tienen felizmente la
posibilidad de recurrir a esta instancia transnacional que parece ser la única
dispuesta a escucharles y defenderles contra todos y contra todo.
Descrita
como un órgano autónomo de la OEA, la Comisión vive y opera gracias al pingüe presupuesto
que el organismo le asigna[3] y según las
declaraciones de James Cavallaro éste apenas
supera los 10 millones de dólares al año, sólo rebasados por los 18 millones de
dólares que destinó la Presidencia de México a hacer una serie de reparaciones
en la residencia oficial de Los Pinos durante el año pasado[4].
Las
cifras reveladas por Cavallaro en el espacio de la periodista Carmen Aristegui
en CNN, no mueven sino a la conmiseración por la CIDH que, de seguir así, en
breve será incapaz de seguir pagando a casi la mitad de su plantilla, continuar
con la celebración de audiencias y ni se diga la realización de visitas in loco que permiten la integración de
los informes sobre la situación general de los derechos humanos en los países
del continente y en especial, los de América Latina.
Frente
a este panorama de crisis, los estados miembros de la OEA, no se han mostrado
precisamente solidarios, sino que por el contrario parecen estar dispuestos a
dejar al garete a la CIDH y a su presidente quien pareciera clamar en mitad del
desierto.
Nada
menos, hace unos días, Claudia Ruíz Massieu, titular de la Secretaría Relaciones
Exteriores, dijo enfáticamente que México no aumentaría el monto de las cuotas
voluntarias para el organismo, porque ya le tocó pagar por la labor del
GIEI, cuyas conclusiones levantaron
ámpula en el gobierno mexicano, al que parecen haberle dolido en el alma los 2
millones que tuvo que desembolsar para que, de nuevo y desde otro frente le
siguieran pegando.
La
lisonja amarga de la funcionaria mexicana es tanto como si un contribuyente se
negara a pagar por el servicio de agua y alcantarillado, debido a una falla
eléctrica en su carro, por lo que, de tan absurdo que suena, uno no puede sino
preguntarse si es que México mantendrá su abierta confrontación con el
organismo que le dio entrada a casos como los de Rosendo Radilla Pacheco,
desaparecido hasta al día de hoy, igual que ocurre con los estudiantes de la
Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y otros cientos de ciudadanos cuyo
paradero se desconoce.
Y
es que el rosario de desencuentros de México con las instancias internacionales
vinculadas a la protección de los derechos humanos en los últimos meses, no
para en su negativa de prorrogar el mandato del GIEI, sino en las descalificaciones
contra Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, así como en el amague judicial contra Emilio Álvarez Icaza, secretario
ejecutivo de la CIDH y en consecuencia, segundo a bordo de James Cavallaro.
Como
se ve y como ha dicho la secretaria Ruiz Massieu, México no está dispuesto a
lanzarle ningún salvavidas a la CIDH, antes al contrario, le vendría bien verla
hundirse desde la orilla, mientras que otros países miembros no han querido
siquiera ponerse al día con las cuotas atrasadas desde Dios sabe cuándo.
En
este concurso de mezquindades, no queda sino replantearse una redistribución
del gasto en la OEA, pues sigue resultando incomprensible que el Consejo de Europa
destine 3 veces más presupuesto a la promoción y defensa de los derechos humanos
en esa región del mundo, que el que destina nuestro máximo organismo regional a
la Corte Interamericana[5].
No
olvidemos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son a no
dudarlo, lo mejor que hado la OEA a los americanos. Dejar a la Comisión sin un
presupuesto digno, es si acaso el primer paso para desmantelar el bien
acreditado sistema de protección de los derechos humanos con que cuenta el
continente y dejar en la indefensión a miles de víctimas. Esta Comisión y esta
Corte, han sentado precedentes importantes contra las injusticias de nuestro
tiempo y apostar a su ruina, significa un disparo en el pie, incluso para
aquellos que hoy se solazan con su desventura.
Por eso, a mí, QUE NO ME VENGAN..!!!
Guillermo Gustavo Flóres-Chacón
Toluca, México; 26 de mayo de 2016
[1]
Presidente de México entre 1976 y 1982
[2] Chayotera
o chayotero es la frase con la que el gremio periodístico de México se refiere
a los medios que reciben un soborno o canonjía del gobierno en turno, con el
propósito de mostrar una imagen u opinión favorable en sus noticieros o
columnas.
[3]
Apenas el 6% del presupuesto total de la OEA según la propia CIDH
[4] Alemán,
Vanessa. (11 de mayo de 2015) Destina Presidencia 36.1 mdp en mantenimiento de
Los Pinos. Agencia Quadratín en la siguiente dirección:
https://mexico.quadratin.com.mx/Destina-Presidencia-36-1-mdp-en-mantenimiento-de-Los-Pinos/
[5]
Organización de Estados Americanos (23 de mayo de 2016). Comunicado de Prensa: Grave
crisis financiera de la CIDH lleva a suspensión de audiencias e inminente
pérdida de casi la mitad de su personal.
